En el marco del fortalecimiento de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) liderada por Juan Felipe Harman adelanta acciones para acelerar la adquisición voluntaria de predios y garantizar que la tierra llegue a las familias campesinas que durante décadas no han tenido acceso a la tierra.

Uno de los mecanismos clave establecidos por la normativa agraria es la identificación de predios rurales que se encuentran actualmente en poder de entidades financieras. De acuerdo con la Ley 160 de 1994 (artículo 32) y el Decreto 1071 de 2015, modificado recientemente por el Decreto 033 de 2025, los bancos deben informar a la ANT sobre los predios rurales recibidos como dación en pago por liquidación de créditos hipotecarios u otros negocios jurídicos, así como aquellos adquiridos mediante sentencia judicial. Esto permite que la Agencia pueda ejercer la primera opción de compra prevista en la ley.

Asimismo, el decreto establece que cualquier propietario de tierras o ganadero que desee vender sus predios en áreas priorizadas por la Reforma Agraria podrá informar primero a la Agencia Nacional de Tierras, que contará con 15 días para decidir si desea adquirir el predio antes que cualquier interesado particular.

“Esta es una ley que llevaba 30 años sin ser aplicada y, gracias al Decreto 033 de 2025, ahora podemos implementarla efectivamente. Las entidades financieras que tengan tierras podrán postularlas para que la Agencia pueda tener la primera opción de compra y estas lleguen finalmente a las familias campesinas y comunidades étnicas”, aclaró el director de la ANT, Juan Felipe Harman.

Con la compra voluntaria de tierras, la Agencia Nacional de Tierras realizará los análisis jurídicos, técnicos y territoriales pertinentes y, de ser viable, presentará las ofertas formales de compra, consolidando así la implementación de la Reforma Agraria y promoviendo un acceso más equitativo a la tierra en Colombia.

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En una maratónica jornada en tres departamentos de Colombia, la Agencia Nacional de Tierras ─ANT─ en cabeza de su director Juan Felipe Harman Ortiz, logró la aprehensión de 1.606 hectáreas de tierra en los departamentos de Córdoba, Tolima y Boyacá, para devolverlas a manos campesinas, que alguna vez fueron desplazadas por el conflicto y la violencia.

En total fueron recuperadas 1.069 hectáreas (ha) en Córdoba, 202 ha en Boyacá y 335 ha en Tolima, que ahora pasarán al Fondo de Tierras, una herramienta central de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno Petro.

Los predios fueron administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo de Reparación para las Víctimas, y posteriormente fueron transferidos a la ANT. Con ello, se garantiza que los bienes producto del despojo y la guerra cumplan su verdadera función social: volver al servicio del campesinado y contribuir a la reparación colectiva.

Recuperaciones en Boyacá

En el municipio de Maripí, Boyacá, la Agencia Nacional de Tierras, en coordinación con la Policía Nacional, logró recuperar 202 hectáreas que habían estado en manos de los esmeralderos Horacio Triana Romero y Gilberto Rincón, ambos condenados por delitos relacionados con el narcotráfico.

Estos predios, ubicados en el occidente boyacense, fueron durante años símbolo del poder ilegal que ejercieron figuras del negocio de las esmeraldas. Entre los antiguos propietarios figuran Gilberto Rincón Castillo, exconcejal de Maripí y hermano de Pedro Nel Rincón Castillo, conocido como Pedro Orejas, capturado en 2017 y condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y Horacio de Jesús Triana, el llamado Zar de las esmeraldas, también sentenciado por el delito de tráfico de drogas.

En total nueve predios, El Capotal, La Hacienda, La Belleza, La Laguna, Llano Grande, Barro Blanco, El Guadal, El Palmar y El Achote, que estaban bajo administración de la SAE por ser bienes de extinción de dominio, se convierten en símbolos de paz y un nuevo renacer para 162 familias de la Asociación Paz y Progreso de Mapirí y la Asociación Agropecuaria El Porvenir, campesinos cacaoteros y cultivadores de caña del occidente del Tolima.

José Ruperto Olmos, representante de la Asociación Campesina Paz y Progreso (Asocapaz) del municipio de Maripí, destacó que las 30 familias que integran esta organización hoy tienen la oportunidad de trabajar y producir en tierras propias, gracias al respaldo del Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Agencia Nacional de Tierras.

“Por fin estas tierras pasan a nuestras manos y dejan atrás ese pasado oscuro. Estamos listos para hacerlas producir, convertirlas en sustento para nuestras familias y en motor del progreso de nuestra asociación. Estas tierras representan esperanza y estabilidad para nuestros hijos y nietos, quienes también serán parte de este gran proyecto de Reforma Agraria”, expresó Olmos con emoción.

A su turno, Orlando Forero, presidente de la Asociación Agropecuaria El Porvenir de Maripí, afirmó “hemos estado esperando esta oportunidad durante muchos años y hoy se hace realidad. Aquí vamos a sembrar maíz, plátano, frutales y también esperanza, porque lo que nace de nuestras manos alimenta al país. Gracias a la Agencia Nacional de Tierras por creer en nosotros y en el campo colombiano”.

Cada hectárea, un paso hacia la paz

Cada hectárea recuperada representa una deuda saldada con los campesinos y víctimas del despojo, una respuesta concreta a la violencia y una garantía de no repetición. Con estas jornadas, la Agencia Nacional de Tierras sigue cumpliendo su compromiso de recuperar y proteger los bienes públicos de la nación, a fin de garantizar que ninguna estructura ilegal vuelva a apropiarse de los terrenos que le pertenecen al campesinado colombiano.

Este proceso de recuperación refuerza la presencia del Gobierno nacional en regiones donde, durante años, el Estado fue reemplazado por la violencia y el miedo.  De esta manera, el presidente Gustavo Petro, con el compromiso decidido de la ANT, demuestra que la Reforma Agraria no es una promesa, sino una realidad que se construye con hechos. La tierra que alguna vez fue símbolo del terror, hoy florece como símbolo de reparación, memoria y dignidad para el campesinado colombiano.

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Un total de 2.000 familias provenientes de 41 municipios participarán en este encuentro, fortaleciendo no solo la economía rural, sino también generando equidad, justicia y dignidad para quienes por años han esperado ser dueños de la tierra en la que trabajan.

“Familias boyacenses de todas las provincias serán acreedoras de su título de propiedad. Esa larga espera de las comunidades campesinas llegará a su fin y se concretará con la entrega más grande en la historia del departamento de Boyacá. Se espera la participación de 8.500 campesinos y campesinas de todo el territorio boyacense”, afirmó Leonardo Plazas Vergel, Coordinador de la Agencia Nacional de Tierras en Boyacá.

Las 2.150 hectáreas que se formalizarán en 41 municipios del departamento, entre ellos Socotá, Ramiriquí, Sativasur, Tasco, Ciénega, Betéitiva, Socha, Tibasosa, Jenesano, Busbanzá, Corrales, Ventaquemada, Paz de Río, Turmequé, Tunja y Saboyá, representan un avance que permitirá a estas familias rurales proyectar su futuro con mayor certeza jurídica y fortalecer su arraigo territorial, sembrando esperanza y oportunidades en sus comunidades.

El evento tendrá lugar este jueves 14 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana en el parque principal de Sotaquirá, y contará con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman Ortiz; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya; el director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón; congresistas y otras personalidades. Todos ellos acompañarán esta gran entrega de títulos de propiedad, además de los importantes anuncios que se realizarán en materia de proyectos e inversiones para el departamento de Boyacá.

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La Reforma Agraria impulsada por el presidente Gustavo Petro continúa avanzando a paso firme en el departamento de Boyacá, a través del ‘Plan 10.000 Zona Andina’, una estrategia que busca reducir la informalidad en la tenencia de la tierra y brindar seguridad jurídica a las familias campesinas que, por más de 30 años, han vivido y trabajado sus terrenos.

En el municipio boyacense de Siachoque, un equipo conformado por profesionales técnicos, jurídicos y agronómicos de la Agencia Nacional de Tierras —ANT— visitó los predios ubicados en las veredas Pirayá y Siachoque Arriba. Allí avanza con el proceso de formalización de la propiedad, que beneficiará directamente a 250 familias campesinas, marcando un paso significativo hacia la equidad en el acceso a la tierra y el fortalecimiento del campo.

Leonardo Plazas, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial en el departamento, confirmó: “Priorizamos diez municipios de Boyacá, hemos intervenido cinco y esperamos concluir la intervención en el municipio de Siachoque, ya que es uno de los principales productores de papa en el departamento”.

Con esta nueva fase del ‘Plan 10.000 Zona Andina’, se proyecta fortalecer los avances obtenidos hasta ahora en Boyacá, donde ya se han intervenido más de 1.300 predios, que serán objeto de procesos de titulación.

A su turno, José García González, uno de los beneficiarios, expresó con emoción que llevaba más de 35 años esperando una oportunidad como esta: “Hoy me siento feliz porque, al fin, me van a legalizar las tierras, no solo pensando en lo que le puedo dejarles a mis hijos, sino también para poder acceder a los proyectos productivos que está entregando el Gobierno nacional, y también acceder a un crédito bancario para poder cultivar papa”.

La agradeció a la ANT y al Gobierno nacional por tenerlo en cuenta a él y a los campesinos del lugar donde habita, “porque realmente el campo se está quedando solo y necesitamos rescatarlo”.

La Agencia Nacional de Tierras está convencida de que formalizar no es solo entregar un documento. Es un acto profundo de reconocimiento a la dignidad de quienes han dedicado su vida a trabajar la tierra con esfuerzo, perseverancia y amor. Con cada título entregado, se siembra justicia, esperanza y sentido de pertenencia en las comunidades rurales. La Reforma Agraria avanza en Boyacá de la mano con la gente, fortaleciendo el arraigo en el territorio para que las familias campesinas puedan permanecer en paz, vivir con seguridad jurídica y continuar alimentando al país con orgullo y compromiso.

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Con la entrega de 17 predios a 310 familias que esperaron cuatro décadas para ser reparadas de las más crueles acciones del paramilitarismo en el municipio de Puerto Boyacá, corazón del Magdalena Medio, que fuera cuna y epicentro del auge del paramilitarismo en Colombia, el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro, en nombre del Estado colombiano, reparó y comenzó a escribir una nueva historia.

Los predios, que alguna vez fueron escenario del conflicto armado, donde se creó una alianza entre Pablo Escobar del cartel de Medellín y Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’, para asesinar y desplazar a miles de campesinos y robar sus tierras, y donde el mercenario israelí Yair Klein entrenó a los primeros paramilitares, ahora regresan a manos campesinas como un acto de reparación, justicia histórica y transformación territorial, impulsado por la Reforma Agraria que gestiona la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Este acto representa mucho más que la entrega de tierras: es una restitución en una región que alguna vez fue conocida como “la capital antisubversiva de Colombia”, por ser cuna de los primeros grupos de autodefensa. Hoy, con el trabajo institucional y el empuje campesino, Puerto Boyacá (Boyacá) se encamina a ser reconocida como la capital de la Reforma Agraria.

“Recuperamos a Cimitarra, Puerto Berrío, y ahora estamos en Puerto Boyacá porque el Magdalena Medio es una región priorizada para la Reforma Agraria, es territorio campesino y popular, nunca más territorio paramilitar”, afirmó Felipe Harman, director general de la Agencia Nacional de Tierras.

Agregó que,de manera conjunta con la Policía de Puerto Boyacá, la Sociedad de Activos Especiales y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, “hoy recuperamos alrededor de 3.040 hectáreas de tierra que ya fueron comprometidas y adquiridas por la Agencia Nacional de Tierras, y van a pasar a manos de los campesinos”.

Un caso emblemático: Hacienda La Fe

Dentro de los 17 predios entregados se destaca la Hacienda La Fe, en la que 346 hectáreas pasan a manos de 62 familias campesinas organizadas en tres asociaciones. Este lugar tiene un valor histórico y simbólico profundo, pues allí el israelí Yair Klein entrenó a los hermanos Castaño y a los primeros grupos paramilitares, financiados por Rodríguez Gacha. Hoy esas tierras cambian de rumbo: dejan de ser escenario de guerra para convertirse en espacio de paz, vida, producción y esperanza.

Con este avance, el Estado reafirma su compromiso con la reparación integral, la justicia agraria y las garantías de no repetición. La Reforma Agraria en el Magdalena Medio avanza como una pieza clave para la transformación estructural del campo colombiano y la consolidación de la paz.

Otras fincas que eran de exparas y exnarcos

Adicionalmente, el Gobierno recuperó tierras como Alto Bonito, Parte de Ojo de Agua y La Herradura, predios que pertenecieron a Daniel Rendón, alias ‘Don Mario’, exjefe de las AUC.

La Agencia Nacional de Tierras recuperó y entregó la Hacienda Bombay de 640 hectáreas, la cual perteneció a Pedro German Ariza Quintero, implicado en lavado de dinero y rebelión (vinculado con el Frente 47 de las FARC).

El caso de la Hacienda Apulia es la muestra de que los bienes entregados alguna vez por los narcotraficantes seguían años después en manos de sus familiares, puesto que 101 hectáreas entregadas estaban ocupadas por Walter Ochoa Guisao, hijo adoptivo del exjefe paramilitar Ramón Isaza.

Muchas fincas, que fueron empleadas para almacenar droga y como rutas de salida hacia otras zonas del país y del exterior, hoy se convierten en espacios para la construcción de paz. Antes en manos de poderosos y narcotraficantes, hoy en manos de quienes la trabajan. La Reforma Agraria es un triunfo para la igualdad y la justicia.

Estas son tierras reclamadas por las comunidades durante más de 40 años. Tierras que fueron utilizadas para financiar el conflicto, hoy se destinan a la producción y el desarrollo rural. La Reforma Agraria cambia la historia de los territorios.

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